Valoraciones Político-Laborales Sobre Una Posible Reforma Laboral
Por. Róger Hernán Gutiérrez.
Sindicalista salvadoreño
En un contexto de impulso de procesos de desregulación y flexibilidad laboral, impuestos en la lógica neoliberal (1989 a la fecha), donde se establecen condiciones favorables para el capital, a partir de un provecho en pro de la ganancia y en deterioro del trabajo reflejados en una deficiente tutela de los derechos laborales y sindicales, no es aprobable. Partimos acá de acciones de debilitamiento de la institucionalidad pública y del predominio del mercado por sobre el Estado, en una clara apropiación de los recursos públicos a través de privatizaciones o reprivatizaciones bajo dominio estatal.
En ese contexto el debilitamiento consistía en quitar al Estado el predominio de los recursos que rentabilizaban las acciones públicas (banca, comunicaciones, previsión social, distribución y comercialización de la energía eléctrica, comercio exterior) por sobre la defensa de los derechos de ciudadanía; esto cambió con arena (1989-2009) y la lógica de mutación completa de la oligarquía terrateniente por otra vinculada con los recursos e instituciones financieras-el capital financiero, la conversión del capital bancario y el capital industrial. La prevalencia del mercado (globalización económica), ahogamiento del mercado interno y fortalecimiento de la inversión extranjera y la exportación de capital con base a la deslocalización de procesos industriales o por la vía de préstamos.
En ese marco era difícil la lucha socio política para la organización sindical, por transformaciones en la legislación laboral; la cual desde 1972 con la guerra civil y deterioro del gobierno militarista, venía deteriorándose hasta llegar a ser un aparato legal de desprotección social de derechos y desmejoramiento de la equidad en la relación trabajo-capital. La ley laboral de predominio administrativo más que un derecho laboral positivo—progresivo en su esencia y con alta primacía de la realidad.
Dichas políticas neoliberales, ahogaban el ejercicio de la ley laboral, al ir eliminando la poca protección social existente, la administración del trabajo fue readaptando su quehacer a partir de algunas reformas laborales suscitadas en el Foro Social y Económico, donde en su base se pretendió fortalecer el tripartismo institucional, convenios internacionales (OIT), en la lógica de mercado de conciliar intereses de la ganancia versus los derechos sociales.
El período 2009-2019, administrado por el fmln, fue nada más mantener lo mínimo creado por los acuerdos de paz; sin embargo, se mejoraron los salarios mínimos—en el campo y la ciudad—además de la categoría por actividad económica; manejo “light” de leyes mercantilistas—tratados comerciales, zonas francas, zonas económicas especiales, deterioro de la administración del trabajo por construir una fuerte inspección y eficaz resolución alternativa de conflictos.
En todos estos momentos de control del desarrollo económico-social por parte del capital hegemónico, terminó debilitándose en general, el proceso productivo terminó conflictuado con el ejercicio moderado de la izquierda partidaria. Se iniciaron cambios en lo laboral, pero sin la consistencia necesaria para una verdadera transformación, la hegemonía del capital mutaba a nuevas lógicas de acumulación que se han aferrado a condiciones partidarias sin conseguir procesos de bienestar socio-económico para la población laboral—empobrecida a diario y atacada por el desempleo, los bajos salarios, la disminución acelerada de derechos socio-laborales y el alto costo de la vida.
La reforma laboral que se procesa y valora en las cúpulas del gobierno de Bukele, tiene el arrastre de pretender hacer y ser una legislación moderna, de supuesta avanzada ante la situación económica que predomina, deteriorada en mayor acción por la pandemia del covid 19 (2020), donde pretenden intervenir las mínimas organizaciones sindicales—potables al actual Ministro de Trabajo—con oportunidad de conseguir un diálogo constructivo y dentro del marco de dificultades para los intereses laborales, cuando estos buscan y exigen transiciones justas, democracia de la economía y ejercicio de un modelo productivo, que recoja oportunidades, distribución equitativa de la ganancia; además de una clara y sostenible protección social para la clase trabajadora.
Es por tanto la reforma laboral que se conoce en supuestos espacios democráticos, inconveniente en el ámbito de una economía sesgada, en conflicto por una hegemonía del poder, y tomando el ejemplo de estancamiento de la reforma constitucional, que no sabemos en qué condiciones de discusión y nivel decisorio ha quedado; leyes secundarias que luego deben adecuarse a un texto constitucional, pareciera acá un pensamiento poco atinado, ante una ley primaria que se debate sus contenidos ante esta debilidad hegemónica en los grupos de poder.
Las organizaciones sindicales, no tenemos hoy una inteligencia y capacidad analítica para disputar las presiones sobre el proyecto de reforma laboral, lo hemos dicho, la anacronía de la actual es una realidad, sin embargo, no es suficiente para embarcarnos en una nueva legislación laboral que muy pronto puede quedar desfasada por varias razones: el marco de una débil economía, el conflicto del dominio del capital, las deficiencias decisorias y directivas en el gobierno actual, el deterioro partidario, las acciones de reelección para la continuidad del autoritarismo del poder, además relaciones laborales y procesos productivos viciados, faltos de derechos socio-políticos, desventajosas para la clase trabajadora. En un contexto de impulso de procesos de desregulación y flexibilidad laboral, impuestos en el lógico neoliberal (1989 a la fecha), donde se establecen condiciones favorables para el capital, a partir de un provecho en pro de la ganancia y en deterioro del trabajo reflejados en una deficiente tutela de los derechos laborales y sindicales, no es aprobable. Partimos acá de acciones de debilitamiento de la institucionalidad pública y del predominio del mercado por sobre el Estado, en una clara apropiación de los recursos públicos a través de privatizaciones o reprivatizaciones bajo dominio estatal.
En ese contexto el debilitamiento consistía en quitar al Estado el predominio de los recursos que rentabilizaban las acciones públicas (banca, comunicaciones, previsión social, distribución y comercialización de la energía eléctrica, comercio exterior) por sobre la defensa de los derechos de ciudadanía; esto cambió con arena (1989-2009) y la lógica de mutación completa de la oligarquía terrateniente por otra vinculada con los recursos e instituciones financieras-el capital financiero, la conversión del capital bancario y el capital industrial. La prevalencia del mercado (globalización económica), ahogamiento del mercado interno y fortalecimiento de la inversión extranjera y la exportación de capital con base a la deslocalización de procesos industriales o por la vía de préstamos.
En ese marco era difícil la lucha socio política para la organización sindical, por transformaciones en la legislación laboral; la cual desde 1972 con la guerra civil y deterioro del gobierno militarista, venía deteriorándose hasta llegar a ser un aparato legal de desprotección social de derechos y des- mejoramiento de la equidad en la relación trabajo-capital. La ley laboral de predominio administrativo más que un derecho laboral positivo—progresivo en su esencia y con alta primacía de la realidad.
Dichas políticas neoliberales, ahogaban el ejercicio de la ley laboral, al ir eliminando la poca protección social existente, la administración del trabajo fue readaptando su quehacer a partir de algunas reformas laborales suscitadas en el Foro Social y Económico, donde en su base se pretendió fortalecer el tripartismo institucional, convenios internacionales (OIT), en la lógica de mercado de conciliar intereses de la ganancia versus los derechos sociales.
El período 2009-2019, administrado por el fmln, fue nada más mantener lo mínimo creado por los acuerdos de paz; sin embargo, se mejoraron los salarios mínimos—en el campo y la ciudad—además de la categoría por actividad económica; manejo “light” de leyes mercantilistas—tratados comerciales, zonas francas, zonas económicas especiales, deterioro de la administración del trabajo por construir una fuerte inspección y eficaz resolución alternativa de conflictos.
En todos estos momentos de control del desarrollo económico-social por parte del capital hegemónico, terminó debilitándose en general, el proceso productivo terminó conflictuado con el ejercicio moderado de la izquierda partidaria. Se iniciaron cambios en lo laboral, pero sin la consistencia necesaria para una verdadera transformación, la hegemonía del capital mutaba a nuevas lógicas de acumulación que se han aferrado a condiciones partidarias sin conseguir procesos de bienestar socio- económico para la población laboral—empobrecida a diario y atacada por el desempleo, los bajos salarios, la disminución acelerada de derechos socio-laborales y el alto costo de la vida.
La reforma laboral que se procesa y valora en las cúpulas del gobierno de Bukele, tiene el arrastre de pretender hacer y ser una legislación moderna, de supuesta avanzada ante la situación económica que predomina, deteriorada en mayor acción por la pandemia del covid 19 (2020), donde pretenden intervenir las mínimas organizaciones sindicales—potables al actual Ministro de Trabajo—con oportunidad de conseguir un diálogo constructivo y dentro del marco de dificultades para los intereses laborales, cuando estos buscan y exigen transiciones justas, democracia de la economía y ejercicio de un modelo productivo, que recoja oportunidades, distribución equitativa de la ganancia; además de una clara y sostenible protección social para la clase trabajadora.
Es por tanto la reforma laboral que se conoce en supuestos espacios democráticos, inconveniente en el ámbito de una economía sesgada, en conflicto por una hegemonía del poder, y tomando el ejemplo de estancamiento de la reforma constitucional, que no sabemos en qué condiciones de discusión y nivel decisorio ha quedado; leyes secundarias que luego deben adecuarse a un texto constitucional, pareciera acá un pensamiento poco atinado, ante una ley primaria que se debate sus contenidos ante esta debilidad hegemónica en los grupos de poder.
Las organizaciones sindicales, no tenemos hoy una inteligencia y capacidad analítica para disputar las presiones sobre el proyecto de reforma laboral, lo hemos dicho, la anacronía de la actual es una realidad, sin embargo, no es suficiente para embarcarnos en una nueva legislación laboral que muy pronto puede quedar desfasada por varias razones: el marco de una débil economía, el conflicto del dominio del capital, las deficiencias decisorias y directivas en el gobierno actual, el deterioro partidario, las acciones de reelección para la continuidad del autoritarismo del poder, además relaciones laborales y procesos productivos viciados, faltos de derechos socio-políticos, desventajosas para la clase trabajadora.
